Junto con Libertad sin deudas, examinamos los criterios judiciales en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad que se están aplicando por los Juzgados y otras cuestiones importantes de estos procedimientos.
¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?
Supongamos que una persona atraviesa una mala recha económica y tiene diversas deudas que no puede pagar, como préstamos personales, tarjetas de crédito, recibos de luz, suministros, etc.. Para evitar, que estas deudas lo persigan «de por vida» y poder empezar de nuevo, existe la Ley de Segunda Oportunidad que está pensada para que las personas físicas en situación de insolvencia puedan cancelar total o parcialmente sus deudas siempre que el solicitante cumpla determinados requisitos, evitando que los acreedores puedan volver a reclamárselas después.
¿Qué significa que un Juez apruebe o rechace un expediente de segunda oportunidad?
La aprobación judicial de un expediente de segunda oportunidad significa que, comprobado que se cumplen los requisitos exigidos por la ley, el Juez concede la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, perdona las deudas pendientes de pago, salvo aquellas que expresamente la ley establece que no son exonerables.
En sentido contrario, el Juez puede denegar la exoneración del pasivo insatisfecho si no concurren los presupuestos legales o porque no se ha aportado la documentación exigida.
De todo esto se deduce la importancia de contar con un asesoramiento profesional especializado desde el principio que conozca los criterios judiciales en los expedientes de segunda oportunidad, ya que la diferencia estriba entre recuperar tu tranquilidad económica y emocional liberándote de las deudas o seguir acarreándolas durante años.
La interpretación de la buena fe en el deudor
Uno de los requisitos fundamentales para acordar la exoneración de las deudas en estos expedientes, es la exigencia de la buena fe del deudor. El propósito fundamental es asegurarse de quien solicita esta medida es que lo hace de buena fe, es decir, que no busca aprovecharse injustamente del sistema, y para ello debe ser franco en la información económica que ha de facilitarle al Juzgado, no ocultando bienes ni falseando ingresos o propiedades.
Los criterios judiciales en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad a la hora de interpretar la buena fe del solicitante que inicia el expediente exigen que el deudor cumpla con el deber de colaboración e información económica, así como que el endeudamiento no ha sido temerario o negligente.
Además de la buena fe, el Juez debe controlar que la vía procedimental elegida es la correcta. En este punto, los criterios judiciales actuales son de vital importancia para aquellos que desean salvar su vivienda habitual. Si el deudor opta por la vía del plan de pagos (sin liquidación de bienes), es posible conservar la vivienda siempre que se cumplan requisitos estrictos, como mantener al corriente el pago de la hipoteca y que el valor de la carga sea superior al valor de mercado del inmueble, evitando así un sacrificio patrimonial innecesario para el deudor.
Deudas excluidas de la exoneración por la ley de segunda oportunidad
La liberación de deudas perseguida con la tramitación de estos expedientes tiene ciertos límites importantes, ya que hay algunas deudas que por ley no pueden cancelarse, incluso si se ha concedido por el Juez la exoneración del pasivo.
Entre las deudas que no son exonerables se encuentran, por ejemplo, la proveniente de alimentos a los hijos, indemnizaciones por causar daño grave a otra persona, indemnizaciones por delito o sanciones administrativas muy graves (artículo 489 TR Ley Concursal)
Respecto de los créditos públicos, las deudas existentes con Hacienda y la Seguridad Social tienen un régimen especial: solo se pueden perdonar hasta un máximo de 10.000 euros por cada organismo. La ley establece que los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y, a partir de esa cifra, se perdona el 50% de la deuda restante hasta alcanzar el límite mencionado. El importe que supere dicho tope deberá ser satisfecho mediante un plan de pagos o con la liquidación de activos.
Igualmente existe un régimen específico de exoneración respecto de las deudas por hipoteca o garantías reales (art. 492.bis TR Ley Concursal).
¿Es obligatoria la intervención de un abogado en los expediente de la ley de segunda oportunidad?
La asistencia de abogado y procurador es preceptiva. No es solo un requisito formal; es una garantía estratégica. Elegir la vía de exoneración correcta, argumentar la buena fe y responder a las posibles oposiciones de los acreedores requiere una especialización técnica profunda.
En definitiva, el acompañamiento profesional de equipos especializados como el de Libertad Sin Deudas no es solo una señal de que el proceso va por buen camino, sino la mejor garantía de que, si tienes derecho a esa segunda oportunidad, la conseguirás para volver a vivir de manera digna.
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