La pena de prisión permanente revisable es, sin lugar a dudas, una pena controvertida que divide opiniones tanto en el sector de la doctrina penal como en la sociedad en general. Sin embargo, esta figura ha sido aprobada en el Senado junto a otros cambios que se introducen en el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.
De esta forma el nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de la pena de prisión permanente, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, o que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
La pena de prisión permanente revisable consiste en la revisión de las penas tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Cumplido este periodo los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso.
Igualmente el tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado.
Por otro lado, el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que ha sido aprobado por mayoría en el Senado, y que ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su examen definitivo incluye también cambios como los siguientes:
Se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses.
Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Excepcionalmente, un europeo podrá ser expulsado si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, por lo cual la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional.
Se agravan las penas de delitos de hurto y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.
La libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, pero su concesión determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena.
Igualmente y a través de enmiendas al texto hechas por los otros grupos parlamentarios en el Senado, se han llegado acuerdos que se han materializado en modificaciones del texto del proyecto.
Cuándo tiene derecho el arrendatario de local de negocio a percibir del arrendador una indemnización…
El embargo trabado sobre bienes inembargables es nulo de pleno derecho por lo que carece…
¿La abstención en las votaciones de la Junta de propietarios se computa a favor de…
¿Qué es la Usucapión y cómo funciona en España? La usucapión, también conocida como prescripción…
¿Cómo se determina el régimen de visitas en hijos de corta edad tras la separación…
En el año 2010 apareció en el Código Penal el artículo 183 bis. Este artículo …