El derecho a la presunción de inocencia

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental que reconoce y garantiza la inocencia de la persona acusada.

¿Qué es el derecho a la presunción de inocencia?

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental que reconoce y garantiza la inocencia de la persona acusada. de haber cometido un delito a ser inocente hasta que no se pruebe lo contrario por sentencia.

¿Dónde se reconoce el derecho a la presunción de inocencia?

A nivel nacional el derecho a la presunción de inocencia está reconocido, con carácter de fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución Española:

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

También viene reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El artículo 6 del tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que la Unión respetará los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el CEDH, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

La carga de la prueba y el derecho a la presunción de inocencia

Dos de los principios inherentes del derecho a la presunción de inocencia que cualquier persona tiene en un procedimiento penal son:

1.- La carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación.

2.- Toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. 

Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado.

Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Además, aquéllas deben ser iuris tantum y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.

En consonancia con ello, el artículo 6.1 de la Directiva de la Unión Europea 2016/343 del Parlamento Europeo y Consejo de 9 de marzo de 2016, establece que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.

¿Qué tiene que examinar el Tribunal cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia?

Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función del Tribunal consiste en verificar que, efectivamente, se ha contado con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena.

También deberá asegurarse el Tribunal de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.

Por último, el Tribunal de apelación deberá comprobar también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia.

Vulneración de la presunción de inocencia según el Tribunal Constitucional

El derecho a la presunción de inocencia según ha sido perfilado por el Tribunal Constitucional aparece configurado como regla de juicio que implica la prohibición de condena sin el soporte de pruebas de cargo válidas revestidas de garantías y referidas a todos los elementos esenciales del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado. 

Existirá violación de tal derecho cuando no haya pruebas de cargo válidas o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2012

“…Se vulnerará la presunción de inocencia cuando haya recaído condena:

1. con ausencia de pruebas de cargo.
2. con la base de unas pruebas no válidas, es decir ilícitas por vulnerar otros derechos fundamentales.
3. con la base de actividad probatoria no revestida de las debidas garantías.
4. sin motivar la convicción probatoria.
5. sobre la base de pruebas insuficientes.
6. sobre la base de una motivación ilógica, irracional o no concluyente.

Hay que añadir que esa actividad probatoria lícita, suficiente, de cargo y motivada ha de venir referida a todos los elementos del delito, tanto los objetivos como los subjetivos».