Sentencias absolutorias por delito de impago de pensiones

Vamos a analizar los criterios que utilizan los Juzgados para dictar sentencias absolutorias por delito de impago de pensiones.

Hemos intentado actualizar, con resoluciones judiciales recientes, los criterios que esgrimen los Tribunales para dictar sentencias absolutorias por delito de impago de pensiones, uno de los más habituales, por desgracia, que se siguen viendo en los Juzgados.

Antes de nada recordar:

El impago de la pensión de alimentos a favor de los hijos o de la pensión compensatoria a favor del otro cónyuge que se haya acordado en una resolución judicial puede ser constitutivo de un delito de abandono de familia tipificado en el Código Penal.

Artículo 227 Código Penal:

» El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión  de tres meses a un año o multa de 6 a 24 meses».

IMPORTANTE:

Cuando los hijos son mayores de edad ¿puede la madre interponer la denuncia por delito de impago de pensiones o el hijo? OS RECOMENDAMOS LA LECTURA DE OTRO DE NUESTROS ARTÍCULOS. 

Sentencias absolutorias por delito de impago de pensiones. Razonamientos:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA (Sección 1ª), sentencia 20.03.2018:

«…la prueba practicada tampoco condujo a la acreditación y constancia de la totalidad de los elementos típicos del delito objeto de imputación, concretamente la voluntad del acusado de incumplir la obligación impuesta judicialmente, habiéndose apreciado en la sentencia que si no pagó la pensión de alimentos fue debido a que carecía de ingresos suficientes ya que desde el mes de octubre de 2011 y hasta el mes de febrero de 2013 únicamente cobraba el subsidio por desempleo en cuantía de 426 euros, pasando a cobrar desde esta última mensualidad una prestación por incapacidad permanente en cuantía de 1.297 euros mensuales más dos pagas extraordinarias, si bien tenía que hacer frente a otros gastos que fueron acreditados documentalmente, concretamente, un alquiler que ascendía a la cantidad de 400/500 euros mensuales así como los derivados de haber formado una familia con su nueva esposa, con la que tenía dos hijos menores de edad, siendo tales los motivos por los que desde que comenzó a cobrar la prestación por incapacidad abonó mensualmente a la denunciante una cantidad inferior a la fijada en la sentencia (200 euros actualizables anualmente con arreglo al IPC), concretamente la cantidad de 150 euros mensuales,… que debo absolver y absuelvo del delito de abandono de familia por impago de pensión…» 

Audiencia provincial de Valencia (Sección 4ª), sentencia 22.09.2016:

» Como es sabido, y enlazamos con el último motivo de recurso, en los casos como el que nos ocupa, se han de dar dos elementos para afirmar que con su actuar el recurrente llenó los requisitos del tipo, pues no todo impago de pensiones constituye el ilícito que aquí se persigue, sino que lo será aquél cuyo autor, pudiendo, no quiere pagar.

Lo que debe ser revisado, ya queda apuntado, es si en el periodo temporal a que se contrae la acusación, el acusado tenía bienes o liquidez suficientes para atender de manera íntegra al pago de la pensión.

No tiene el recurrente bienes ni tenía trabajo, en el periodo en que se contrae la denuncia, mas allá de las peonadas dichas, y ha pagado lo que ha podido, a veces tarde y con ayuda de la familia. Solo dejó de pagar cuatro meses de principios de 2014.

Cierto que el pago no es integro, y que tiene una deuda durante ese periodo, pero también lo es que pagó antes y que pagó después, lo que desde luego denota el esfuerzo del acusado de intentar cumplir lo más que puede, con lo que la sentencia debería ser, de manera absoluta y sin duda absolutoria, pues los pagos que pudo hacer antes no pueden serle exigidos por la posibilidad que tuviese de acudir a ser auxiliado por familia, algo fuera del tipo.

No habiéndose demostrado por la acusación que reciba otros ingresos, no puede serle reprochado en esta vía que no atienda, en ese corto periodo, aquello que le vino impuesto pues carecía absolutamente de posibilidades en el periodo denunciado, por lo que esta jurisdicción, represiva y sancionadora de conductas, no debe entrar a pronunciarse, pues en los casos como el que nos ocupa se han de dar, como sostiene el apelante, dos elementos para afirmar que con su actuar el recurrente llenó los requisitos del tipo, pues no todo impago de pensiones constituye el ilícito que aquí se persigue, sino que lo será aquel cuyo autor, pudiendo, no quiere pagar.»

Audiencia provincial de Madrid (Sección 23ª), sentencia 11.01.2016:

» Este delito está compuesto por un elemento objetivo cual es la existencia y conocimiento de una resolución judicial que imponga un prestación y un elemento subjetivo del injusto cual es la voluntad de incumplir la obligación de la prestación que impone la resolución.

El elemento subjetivo, es el elemento intencional o dolo, de tal suerte que si el obligado no pudiera afrontar el pago por carecer de medios económicos, no puede recaer sanción penal pues llevaría a la denominada prisión por deudas que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, prohibida expresamente por el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 que dispone que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual; precepto incorporado a nuestro sistema legal en virtud de los Art. 10.2 y 96.1 del texto Constitucional.

Si el obligado al pago de las pensiones invoca su incapacidad económica para hacer frente al mandato judicial, le corresponde a él la carga de la prueba sobre la modificación posterior de sus circunstancias en cuanto a sus posibilidades económicas se refiere, acreditando debidamente la causa que justifique o la circunstancia que disculpe su proceder.

En el presente procedimiento y a la vista de las pruebas practicadas el acusado no tuvo la oportunidad de afrontar el pago, al menos completo, de las cantidades que debía abonar en concepto de alimentos a su hija debido a su precaria situación económica.

Precariedad que no implica indigencia. Como acertadamente apunta la sentencia apelada, la solvencia económica exigible a quien ha de cumplir las obligaciones económicas familiares tras la separación o divorcio no puede comportar el perjuicio de su propio mantenimiento, añadimos al menos hasta el punto de colocarlo en una situación de pobreza.

Solvencia implica suficiencia, y el dolo de incumplimiento que se exige para ver colmado el art. 227 del Código Penal, mal se compagina con la acción -probada en este caso- de contribuir dentro de la medida de sus posibilidades, al mantenimiento de la hija del matrimonio.

Se absuelve del delito de impago de la pensión de alimentos».

Audiencia provincial de Lérida (Sección 1ª), sentencia 28.01.2016:

» Entiende la Sala que, pese a que no haya solicitado judicialmente la modificación de la cuantía de la pensión de alimentos, falta en la conducta del acusado el elemento subjetivo o intencionalidad dolosa de incumplir con sus obligaciones familiares, ya que, tal y como ha quedado probado, el acusado ha pasado por importantes dificultades económicas, que le han impedido hacer frente a sus obligaciones, ya que durtante el año 2012 sus ingresos se limitaron a apenas 675 euros mensuales y desde el mes de marzo de 2013, a 426 euros mensuales.

Es decir el incumplimiento se debe a las dificultades económicas por las que ha atravesado, por lo que esta situación objetiva excluye la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de culpabilidad.

Procede por tanto la absolución del acusado».

Audiencia provincial de Albacete (Sección 2ª), sentencia 12.02.2016:

» Entiende la Juez en su sentencia que concurre el elemento objetivo del tipo, en tanto que se ha probado la existencia de la obligación de pagar una pensión de alimentos a su hija por importe de 200 euros mensuales, y que la incumplido desde 2006 hasta 2010.

Pero lo que entiende el Juzgador es que no concurre el elemento subjetivo, y ello porque considera que no ha resultado probado que tuviera intención de incumplir, al no haberse acreditado que su capacidad económica fuera suficiente para hacer frente al pago de la pensión de alimentos.

De las pruebas practicada queda acreditado, según la declaración del acusado, que no ha pagado porque no había podido ya que cuanto estaban casados trabajaba como autónomo, pero después tuvo problemas, y aunque seguía dado de alta en la Seguridad Social, no percibía ingresos, también dice que tiene una deuda con la Seguridad Social que no ha pagado, y otras obligaciones familiares, habiendo tenido problemas con las drogas, por lo que tuvo que estar en un centro de desintoxicación. Declaración que según la juez a quo se corrobora con el informe de vida laboral y el certificado expedido por el Hospital General de Albacete.

Procede la absolución del acusado.»

Audiencia provincial de Navarra (Sección 1ª), sentencia 26.04.2016:

»  Con relación al delito de impago de pensiones (art. 227 C. Penal), tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo que «… el obligado puede acreditar que materialmente no pudo efectuar el pago por la no tenencia de recursos económicos» ( auto del TS de fecha 14 de marzo de 2014).

De lo anterior concluimos que debe partirse inicialmente de la posibilidad de pago por parte del obligado a prestar la obligación que se estableció en la correspondiente resolución, a lo que no obsta la posibilidad de que por el mismo se pruebe la concurrencia de circunstancias que lo imposibiliten, pero incumbiendo al obligado al pago de dicha pensión, la acreditación de esa imposibilidad de su abono, justificándose así la ausencia de dolo en el pago de la prestación debida.

…  Valorando toda la prueba estimamos que tal incumplimiento se encuentra suficientemente justificado en atención a la referida situación económica acreditada en la que se encontraba el acusado, careciendo el mismo de capacidad económica suficiente para hacer frente al abono íntegro y puntual de esa pensión o en mayor medida en la que la atendió, no considerando que pueda afirmarse que, dada esa situación y capacidad económica del imputado, el mismo hubiere incumplido voluntariamente sus obligaciones relativas al pago de la pensión de que se trata. 

Por ello, aplicando la citada doctrina jurisprudencial, estimamos que ha quedado suficientemente acreditada esa incapacidad del acusado en orden al abono de la repetida pensión.»