Suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a crisis del Coronavirus

Reiteramos  la suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a crisis del  Coronavirus desde el 14 de Marzo

Como consecuencia de la actual situación de crisis sanitaria debido a la pandemia del Coronavirus, la primera regulación que hizo el Gobierno fue el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma.

Entre otras cuestiones en este Real Decreto-Ley se adoptó en varias de sus Disposiciones la suspensión de los plazos procesales y administrativos  para evitar que los derechos de los ciudadanos frente a la Administración o como justificables se vean afectados por esta crisis sanitaria.

Igualmente queda regulada en su Disposición Adicional Cuarta la  prescripción y caducidad,  acordado así la suspensión de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones y derechos.

Suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a crisis del Coronavirus.-

El Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma regula en sus Disposiciones

Segunda, Tercera y Cuarta la Suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a crisis del Coronavirus.

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.

«1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.»

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Por ejemplo si quiere reclamar una deuda, el plazo que tiene para poder hacerlo se para, no corriendo así los días para que opere las figuras de prescripción o caducidad que le podría argumentar el deudor al haber interpuesto la demanda de manera extemporánea.